21/3/2018
En el día Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, personas racializadas que conviven con la discriminación, cuentan sus vivencias, y lo que es más importante, sus PROPUESTAS.
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Tag Archives: inmigración ilegal
Muerte “accidental” de un mantero (Una historia de manipulación política y periodismo basura)
2 Abr23/3/2018
Urge reformar la Ley de Extranjería
2 Abr25/03/2018
Anna Maria Pérez Oller (Público)
“La despenalización de la venta ambulante en relación a los llamados “manteros “(en el Código penal delitos contra la propiedad intelectual o industrial) es sin duda necesaria sin embargo debemos llegar al origen del problema para abordar soluciones. La mayoría de inmigrantes que ejercen este tipo de actividad llegan a España sorteando todo tipo de impedimentos y jugándose literalmente la vida. Cuando llegan les reciben bien con una propuesta o una orden de expulsión y un número de identificación que aunque sirve de poco, porque sólo se trata de un identificador , para ellos es importante porque la Ley de Extranjería, mezquinamente, prevé que quien se encuentre en territorio español pruebe su estancia irregular durante tres años para obtener así su residencia.
Es curioso: por un lado la propia ley fomenta la irregularidad, por otro (y entrando en total contradicción) se trata de una ley totalmente restrictiva con los derechos de los inmigrantes; además no sólo fomenta la irregularidad sino que por ende el trabajo de subsistencia y de resistencia ¿De qué va a vivir una persona en España sin autorización para residir ni para trabajar durante tres años?
Se sabe que si llegas a España, salvo excepciones muy puntuales, no podrás obtener ninguna autorización si no pruebas tu estancia irregular durante al menos tres años en territorio español, sin embargo ojo que no te pillen intentado subsistir porque entonces te pondrán mil impedimentos para recordarte que tu estancia irregular además de eso no fue ejemplar.
Es tan absurda y tan mezquina, esta política migratoria, – ningún tipo de generosidad ni de respeto hacia los derechos humanos -, que en el momento en que se aprobó la penalización de la venta ambulante (en cuanto delitos contra la propiedad intelectual o industrial) lo que se pretendía, en realidad, era que estas personas no pudieran jamás regularizarse, porque así no sólo les constarían faltas administrativas (insuficientes para denegar una regularización) sino antecedentes penales. Este es el motivo del porqué inmigrantes que llevan más de doce años en España, como es el triste caso de Lavapiés, no hayan obtenido jamás su autorización de residencia.
Porque aquí en España la autorización de residencia es “un premio “y para obtenerla debes ser una “super mujer” o un “super hombre”. No caben matices intermedios, porque a los requisitos burocráticos se unen órdenes internas en las distintas Subdelegaciones u Oficinas de extranjeros y razones totalmente subjetivas en la valoración de los casos. La administración sigue interpretando restrictivamente CONVIERTIENDO EN UN LABERINTO, EN MUCHOS CASOS, INTERMINABLE EL PROCESO.
Aquí ni PSOE ni PP ni la antigua CiU se salvan, porque LOS VIEJOS PARTIDOS han fomentado esta nefasta política migratoria. A su antojo han utilizado a los inmigrantes como moneda de cambio ante procesos electorales y este ha sido el resultado. Esta misma semana se nos volvía a recordar la cantidad de inmigrantes que necesita España para asegurar la caja de las pensiones.
Por eso al inicio apuntaba a la reforma estructural tanto de la Ley orgánica de Extranjería como de su Reglamento, y todas las leyes intermedias e incluso las actuaciones policiales, una reforma que apunte hacia la solución no hacia la restricción de derechos y libertades. Se requiere abordar por completo y con voluntad una política migratoria global desde las competencias estatales hasta las competencias municipales pasando por ciertas competencias autonómicas”
Sobre el intento por parte de los manteros de “registrar la marca “Top Manta” y el rechazo por parte de la Oficina de Patentes y Marcas” (eldiario.es 21/3/2018)
Los “visados dorados” se disparan: 41.000 extranjeros obtienen papeles por comprar casas de lujo o inversiones millonarias
24 Mar24/3/2018
Identidades, como la española, puestas a la “venta”, pero… no de cualquier forma: “como dios manda”
Los “visados dorados“, autorizaciones de residencia que se conceden desde septiembre de 2013 a extranjeros que invierten en España más de 500.000 euros en inmuebles, más de un millón en depósitos, más de dos millones en bonos del Estado o son profesionales “altamente cualificados” se han vuelto a disparar por tercer año consecutivo.
De este modo, y tras un inicio renqueante, las “visas gold” han pasado de 14.804 a finales de 2015 a 27.301 un año después. A cierre de 2017 ya son 41.094 (entre beneficiados y sus familiares) según los últimos datos disponibles, a los que ha tenido acceso eldiario.es. La mayoría de los extranjeros que acuden a este sistema para obtener su permiso de residencia en España son chinos y rusos. En total, las inversiones han ascendido a 3.026 millones de euros, un 77% de ellas en casas y pisos de lujo.
Diseñados para atraer inversión extranjera y utilizados en muchos países del mundo, los “visados dorados” se aprobaron en España en septiembre de 2013 (…).
En Bruselas, la ONG Global Witness ha reclamado recientemente a la Comisión Europea que controle con más cuidado este tipo de programas de “residencia comprada“. Una de sus portavoces, Naomi Hirst, explica a eldiario.es: “los riesgos de corrupción y para la seguridad de estos planes son dobles: son atractivos para los criminales y los corruptos porque ofrecen la oportunidad de evadir eventuales persecuciones en su propio país. Es una tarjeta de ‘salida gratuita de la cárcel’ que permite continuar sus actividades en países miembros de la UE, disfrutando de libertad de movimientos y los derechos de ciudadanía. Además, por la cantidad de dinero que mueven, estos programas tienen un riesgo de soborno para políticos y funcionarios” (…)
En relación al hecho de que estas iniciativas se desarrollen en medio de una crisis migratoria como la que tiene atrapadas a miles de refugiados en Grecia, estos programas de “residencia comprada” pueden ser considerados “indignantes” por la opinión pública, al “vender los derechos de ciudadanía al mejor postor“.
Ver gráficos acerca de cuánto invierten, quiénes y dónde.
Lavapiés y el reverso tenebroso de los delitos de odio
22 Mar23/3/2018
¿Lenguaje del odio o lenguaje con odio?
Odiar y amar son sentimientos, no delitos (…)
Se equivocan quienes pretenden hacernos creer que el odio, de por sí, es un delito y que quien lo expresa, un criminal. No son las emociones ni los sentimientos lo que se juzga con los denominados, y tan de moda, “delitos de odio” (…) Parece que el hecho de expresar sentimientos hostiles hacia representantes públicos o políticos es motivo suficiente como para verse inmerso en ese proceso penal.
En los últimos meses nos hemos encontrado con sujetos que –lejos de pertenecer a uno de los colectivos que las declaraciones de derechos humanos califican como vulnerables por el color de su piel, su identidad de género, su origen, su orientación sexual, sus ideas…– trasladan a la opinión pública un mensaje distorsionado sobre lo que son los delitos de odio. En sintonía con esta distorsión y a partir de los incidentes de Lavapiés y la muerte por aclarar de Mame Mbaye, tenemos noticia de cómo diferentes sindicatos de la Policía Municipal de Madrid que han acudido a la Justicia dicen ser víctimas de un delito de incitación al odio.
(…) Ignoran yendo a esta vía legal, que la calumnia, los delitos contra el honor, las injurias e incluso el atentado contra la autoridad tienen su propia tipificación penal. Sin embargo, con este uso inadecuado dejan en el imaginario social una huella peligrosa de estigma hacía lo que representan quienes acusan como autores de esa incitación: la legítima rabia e indignación.
Olvidan quienes promueven estas denuncias que los delitos de odio no están para castigar sentimientos, actitudes vitales o modos de pensar (por muy reprochables que sean). Tampoco están para proteger su ‘integridad’ ni su ‘verdad’. Los delitos de odio están para salvaguardar a esos colectivos más vulnerables que sufren sistemáticamente la violencia que promueven o amparan las instituciones públicas por motivos prohibidos en las leyes. De hecho, Mame Mbaye pertenecía a uno de esos colectivos por el color de su piel y salir corriendo detrás de él por el solo hecho de ser mantero no se corresponde a lo que en derechos humanos entendemos por proteger.
En España vivimos un momento de gran confusión entre lo que es el ‘lenguaje del Odio’ y el ‘lenguaje con odio’. El primero, es la antesala de la violencia que se dirige a una persona por pertenecer a uno de esos colectivos vulnerables, y para su reconocimiento jurídico hacen falta mucho más que palabras. El segundo, es parte de la expresión de sentimientos que (como dice Antonio Damasio) representan la forma que tenemos los humanos de comunicar nuestros estados mentales. Con esta diferenciación no se trata de negar la influencia que tienen los sentimientos en la comisión de los hechos delictivos, pero sí se quiere no interferir en un derecho clave (el de la libertad de expresión) y no olvidar a quienes necesitan de una mayor y mejor protección ( los nadie).
Si lo que se juzga con los delitos de odio no es lo que se piensa y expresa sino las palabras y acciones que propagan, incitan, promueven o justifican el odio hacia alguien por el color de su piel, orientación sexual, religión, origen, identidad de género, etnia, situación económica, capacidades, género… ¿por qué hay miembros de la Policía Municipal de Madrid que se sienten legitimados como víctimas de este tipo penal? Son autoridad, no colectivo en situación de vulnerabilidad. ¿Acaso no tienen otra vía penal para reclamar lo que sienten que es justo? La tienen. Pero el argumento del discurso del odio tiene en este momento mucho más tirón para lograr atención.
(…) Si quienes ostentan una posición de autoridad o de poder pervierten el sentido de un instrumento legal que surgió para amparar a quienes necesitan de especial protección, se corre el riesgo de entrar en dinámicas que son, precisamente, las que se busca combatir con los delitos de odio: las de la arbitrariedad pública y discriminación injustificada que dan pie a las violaciones de derechos humanos.
No podemos aceptar que se persiga la rabia de luchar contra lo que nos indigna o nos oprime porque ese es (y ha sido) el sentimiento motor detrás de muchas de las acciones colectivas pacíficas que nos han hecho avanzar en libertad e igualdad. Porque la rabia ante la injusticia es Dignidad.
El barco de Proactiva, “Open Arms”, inmovilizado por la justicia italiana
20 Mar19/3/2018
Posiblemente estemos ante un nuevo caso con el que se intenta criminalizar y presionar a los defensores de los derechos humanos, que trabajan en la frontera sur de la UE: el mediterráneo.
Italia ha inmovilizado el barco de Proactiva, “Open Arms”, bajo la acusación de “promover la inmigración irregular“. La fiscalía de Catania ha abierto una investigación contra la única ONG española que rescata inmigrantes en el Mediterráneo, al tiempo que ordena la inmovilización del barco español “Open Arms”.
Tres de los integrantes de esta ONG se enfrentan a la pena de 12 años de cárcel. El barco se encuentra retenido en el puerto de Pozzallo (Italia), donde atracó este sábado tras emprender un rescate de 218 inmigrantes a unas 70 millas de Libia. El barco ha sido confiscado preventivamente bajo la acusación de favorecer “la inmigración clandestina y la asociación criminal”, confirman las mismas fuentes.
Según la acusación, el barco español tendría “la voluntad de llevar inmigrantes a Italia” y habría “violado la ley y los acuerdos internacionales al no entregarlos a las autoridades libias“. Proactiva Open Arms y los periodistas que participaban en la travesía denunciaron amenazas por parte de los guardacostas libios, que impidieron que la mayoría de los inmigrantes pudieran acercarse al barco español.
Según el fundador de Proactiva, Óscar Camps, proteger vidas humanas debe ser una prioridad de cualquier cuerpo —civil o militar— tal y como lo estipula el derecho, por lo que entregar a los rescatados a Libia “equivale a llevar una devolución en caliente”, lo que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU.
Grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado los supuestos vínculos entre la Guardia Costera libia y las mafias que trafican con seres humanos en Libia, ya que aseguran que estas últimas avisan a los militares de la salida, y que incluso antiguos contrabandistas están ahora al mando de las patrulleras. Migrantes llegados a las costas de Europa aseguran, por su parte, que no desean ser rescatados por las autoridades libias, ya que su destino son centros de detención y cárceles en las que se comenten todo tipo de abusos (incluido la venta de esclavos).
Las playas que se extienden entre Trípoli y la frontera con Túnez se han convertido en los últimos dos años en el bastión principal de las mafias que trafican con seres humanos, pese a la presencia de las patrulleras europeas. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), organismo vinculado a la ONU, más de 171.635 inmigrantes irregulares lograron cruzar a Europa en 2017, mientras que 3.116 desaparecieron en el mar. Solo en el primer mes de 2018, más 5.900 han logrado llegar a las playas y más de 318 han perecido en el intento.
Otros casos de defensores de los derechos de los migrantes y refugiados acusados de “favorecer la inmigración ilegal” (desalambre 8/12/2017)
“Criminalizar y presionar a las personas defensoras de los derechos humanos es una vieja práctica política” (ver comunicado)
Las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo lo han gritado después de enfrentarse en los últimos meses a acusaciones de “favorecer la inmigración ilegal” que vinieron desde la Agencia de fronteras de la UE, Frontex, o el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido; a la pretensión de Italia de aumentar su control sobre los rescates o al incremento de los ataques de los guardacostas libios. “Estamos aquí como respuesta ante unas muertes que llevan produciéndose desde hace años y para las que la UE no daba respuestas“, reiteran.
Según una investigación reciente del Instituto de Relaciones Raciales, los países europeos “están usando leyes dirigidas a traficantes y contrabandistas para criminalizar a aquellos que actúan por motivos humanitarios“. Los autores documentaron el proceso judicial de 45 “actores humanitarios” individuales bajo leyes de inmigración o contra el contrabando en los últimos dos años. El aumento de la “criminalización”, advierten, “puede estar alimentando a la extrema derecha”.
(Ver casos concretos: enlace)
