24/11/2019
3/2/2019
19/3/2018
Posiblemente estemos ante un nuevo caso con el que se intenta criminalizar y presionar a los defensores de los derechos humanos, que trabajan en la frontera sur de la UE: el mediterráneo.
Italia ha inmovilizado el barco de Proactiva, «Open Arms», bajo la acusación de «promover la inmigración irregular«. La fiscalía de Catania ha abierto una investigación contra la única ONG española que rescata inmigrantes en el Mediterráneo, al tiempo que ordena la inmovilización del barco español «Open Arms”.
Tres de los integrantes de esta ONG se enfrentan a la pena de 12 años de cárcel. El barco se encuentra retenido en el puerto de Pozzallo (Italia), donde atracó este sábado tras emprender un rescate de 218 inmigrantes a unas 70 millas de Libia. El barco ha sido confiscado preventivamente bajo la acusación de favorecer “la inmigración clandestina y la asociación criminal”, confirman las mismas fuentes.
Según la acusación, el barco español tendría «la voluntad de llevar inmigrantes a Italia» y habría «violado la ley y los acuerdos internacionales al no entregarlos a las autoridades libias«. Proactiva Open Arms y los periodistas que participaban en la travesía denunciaron amenazas por parte de los guardacostas libios, que impidieron que la mayoría de los inmigrantes pudieran acercarse al barco español.
Según el fundador de Proactiva, Óscar Camps, proteger vidas humanas debe ser una prioridad de cualquier cuerpo —civil o militar— tal y como lo estipula el derecho, por lo que entregar a los rescatados a Libia «equivale a llevar una devolución en caliente», lo que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU.
Grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado los supuestos vínculos entre la Guardia Costera libia y las mafias que trafican con seres humanos en Libia, ya que aseguran que estas últimas avisan a los militares de la salida, y que incluso antiguos contrabandistas están ahora al mando de las patrulleras. Migrantes llegados a las costas de Europa aseguran, por su parte, que no desean ser rescatados por las autoridades libias, ya que su destino son centros de detención y cárceles en las que se comenten todo tipo de abusos (incluido la venta de esclavos).
Las playas que se extienden entre Trípoli y la frontera con Túnez se han convertido en los últimos dos años en el bastión principal de las mafias que trafican con seres humanos, pese a la presencia de las patrulleras europeas. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), organismo vinculado a la ONU, más de 171.635 inmigrantes irregulares lograron cruzar a Europa en 2017, mientras que 3.116 desaparecieron en el mar. Solo en el primer mes de 2018, más 5.900 han logrado llegar a las playas y más de 318 han perecido en el intento.
«Criminalizar y presionar a las personas defensoras de los derechos humanos es una vieja práctica política» (ver comunicado)
Las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo lo han gritado después de enfrentarse en los últimos meses a acusaciones de «favorecer la inmigración ilegal» que vinieron desde la Agencia de fronteras de la UE, Frontex, o el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido; a la pretensión de Italia de aumentar su control sobre los rescates o al incremento de los ataques de los guardacostas libios. «Estamos aquí como respuesta ante unas muertes que llevan produciéndose desde hace años y para las que la UE no daba respuestas«, reiteran.
Según una investigación reciente del Instituto de Relaciones Raciales, los países europeos «están usando leyes dirigidas a traficantes y contrabandistas para criminalizar a aquellos que actúan por motivos humanitarios«. Los autores documentaron el proceso judicial de 45 «actores humanitarios» individuales bajo leyes de inmigración o contra el contrabando en los últimos dos años. El aumento de la «criminalización», advierten, «puede estar alimentando a la extrema derecha».
(Ver casos concretos: enlace)
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