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Los mayores empresarios españoles de la sanidad privada escondían 113 millones en Suiza

30 Jun

30/6/2016 (eldiario.es)

Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart legalizaron un patrimonio opaco de casi 113 millones de euros en la amnistía fiscal, pagando apenas 2,7 millones: el 2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza a través de dos empresas de Panamá.

Los hermanos Gallardo son dos de las mayores fortunas de España. Son los máximos accionistas (66%) de la catalana Almirall, una de las mayores farmacéuticas españolas, con un valor en bolsa cercano a los 2.500 millones de euros y que fabrica, entre otros, el ‘Almax’, popular medicamento contra la acidez de estómago. Pero sus negocios se extienden a muchos otros sectores: inmobiliario, hotelero, de energías renovables y, muy especialmente, sanidad privada. Desde residencias para ancianos, personas con trastornos de conducta y clínicas dentales (a través del fondo G Square Capital, con la marca SAR Quavitae) hasta hospitales privados, con Vithas.

Con 12 hospitales y 13 centros especializados, Vithas es el segundo grupo del sector de la sanidad privada en España por ventas. Su crecimiento exponencial ha sido paralelo a la crisis, por medio de una agresiva política de compras de otras empresas. Es el primero de capital nacional: el líder del sector en España es IDC Quirón (la antigua Capio), controlada por el fondo británico CVC. Los Gallardo controlan el 80% de Vithas. El presidente de la compañía es Jorge Gallardo Piqué, hijo del presidente de Almirall, Jorge Gallardo Ballart.

La creación de la marca Vithas se anunció sólo una semana después de que el 14 de noviembre de 2012, Jorge y Antonio Gallardo Ballart legalizaran un patrimonio de 112.979.114,13 euros que los dos habían mantenido oculto al fisco español. (Sigue leyendo)

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El negocio de privatizar: casi 700 millones de euros en comisiones

13 Abr

13/4/2016

Jacques Rancière: ¿Qué es el socialismo?

9 May

Recojo aquí un artículo del filósofo Jacques Rancière, en “Interferencias” de eldiario.es, sobre el socialismo o las señas de identidad de la ideología de izquierdas.

La realidad que vivimos se ha vuelto tan obscena que la crítica se hace demasiado fácil y amenaza inutilidad. Lo que resulta más complicado es formular lo que queremos (y no digamos ya construirlo en la práctica). Afirmar otra idea de la vida colectiva, sin la cual sólo podemos dar vueltas (más o menos cabreados) en el círculo de lo existente. En su último libro, que es una larga entrevista sobre su obra con el título de El método de la igualdad, el filósofo francés Jacques Rancière vuelve sobre la idea de “socialismo” que ya analizó en sus primeros trabajos sobre el movimiento obrero. Esa vieja idea, ¿tiene aún algo qué decirnos? ¿Podemos redefinirla y reapropiarnos de ella de un modo que sea útil a las luchas del presente? ¿Qué discusiones dispara sobre las relaciones entre lo público (estatal) y lo común (autoorganizado)? 

Hay varias maneras de entender aquello que es central a la idea socialista. En el sentido más global podemos decir que la idea del socialismo es la de un mundo que no tiene por principio organizador el interés privado. Como por otra parte sabemos que el interés privado no es, como suele decirse, el interés de todo el mundo, sino el de un pequeño grupo de individuos, esto es lo mismo que decir que la idea del socialismo es la idea de un mundo que no está estructurado por el principio de la búsqueda del máximo beneficio para el capital. Lo cual desde mi punto de vista significa dos cosas.

Miguel-Brieva_EDIIMA20130402_0031_5Por un lado, la idea de socialismo es la idea de un mundo en el que los bienes comunes necesarios a todo el mundo para la vida son en la mayor medida posible propiedad de la comunidad y su régimen de uso está en función del interés de la mayoría. Es un mundo en el que el agua, la tierra, los medios de producción, la educación, la salud, los transportes o las comunicaciones están al máximo nivel posible al servicio de la mayoría. Lo cual quiere decir también -y a pesar de todo la experiencia lo ha demostrado- que son la propiedad de la mayoría. Se trata de un primer principio que podemos percibir, a sensu contrario, por la manera en que desde hace veinte o treinta años todo lo que se consideraba la propiedad de la mayoría ha venido privatizándose cada vez más y se ha sometido a una lógica del beneficio.

La segunda cosa que es central a la idea de socialismo sería la idea de asociación, es decir, que aquello que es común sea gestionado en la medida de lo posible de acuerdo con formas que sean las formas de ejercicio de un poder de cualquiera o de un poder de la mayoría. El socialismo define así un tejido social en el que tanto las formas de producción industrial como toda una serie de formas económicas y formas de vida que tienen que ver con la educación, la salud o la comunicación, están gestionadas al mayor nivel posible bajo una forma asociativa y democrática. En la idea de socialismo está inscrita de alguna manera la idea de propiedad común de aquello que es necesario a todos, y en segundo lugar la idea de un ejercicio óptimo de una capacidad de cualquiera bajo las formas asociativas.

Podemos concebir el socialismo en términos de máximos o de mínimos, desde una cierta visión maximalista de una sociedad sin clases y completamente en manos de los productores, etc., a una visión minimalista que vendría a ser un poco lo que hemos conocido hasta ahora, el sistema que se ha dado en llamar -maliciosamente y para destruirlo- “Estado providencia”, que de hecho quiere decir “tejido social igualitario”, lo cual es algo bastante distinto (que los pobres puedan ir a los mismos hospitales que los ricos, la igualdad entre las formas de vida de cara a la educación, los transportes, los cuidados, etc.). Aquello a lo que podemos llamar “socialismo” es ese doble aspecto de propiedad común de aquello que concierne a la mayoría, y de participación de la mayoría en la gestión de esa propiedad común. Es algo que conserva su actualidad a día de hoy, cuando vemos todo eso alejarse, un poco como el barco del que habla Winckelmann al final de su Historia del Arte, llevándose consigo una representación amada de la comunidad. Pero es algo que todavía tiene un sentido.

Dicho esto, hay que tener en cuenta por otra parte que “socialista” es también el nombre genérico de aquellos que bajo formas diversas no han dejado de traicionar lo que la idea de socialismo contenía. Así que nos hallamos en esta conjunción en la que la palabra “socialismo” puede todavía definir un cierto pensamiento fuerte de la propiedad común y de la capacidad común y, al mismo tiempo, definir también una configuración política que no es otra que la de los que solo han existido para traicionar indefinidamente el contenido de la idea de socialismo”

La plaza en una escuela pública no es más cara que en la concertada

14 Jun

Un informe desmiente que la plaza escolar pública sea más cara que la concertada

Sofia Pérez Mendoza (eldiario.es) 13/06/2014

  • Un estudio elaborado por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida concluye que, en condiciones equiparables, al Estado le costaría lo mismo una plaza en la escuela pública que en la concertada.
  • El informe señala que la ratio de alumnos y profesores por aula y las condiciones salariales del personal, entre otras variables, explican la diferencia en el gasto medio anual por escolar
  • Los programas de diversificación curricular y la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales representan un mayor porcentaje en la enseñanza pública que en la privada-concertada

¿La plaza en la escuela pública es más cara que en la concertada? Un informe elaborado por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida y presentado este jueves desmiente una idea que ha sido repetida como un mantra para justificar el número creciente de conciertos educativos. Y es que, según datos del citado estudio, España está muy por encima del resto de la UE en porcentaje de enseñanza privada concertada: en el curso 2010-2011, representaba un22,6% de toda la educación primaria y secundaria, 16 puntos por encima del 6,5% de media en Europa.

Para derribar lo que han llamado un “tópico habitual para difundir el supuesto ahorro”, el informe denuncia que los cálculos de “gasto por alumno” comparativamente en la pública y en la privada-concertada no son del todo válidos porque “no están obtenidos a partir de condiciones equiparables”. Es decir, que no responden a criterios homogéneos por varias razones: la primera, que la inversión total en educación pública incluye ámbitos que la enseñanza privada no atiende (por ejemplo, la compensatoria o las enseñanzas en régimen especial); la segunda, que la ratio de estudiantespor aula y de docentes por grupo no es la misma y, por último, que no se consideran las diferentescondiciones salariales del personal que trabaja en los centros educativos.

Teniendo en cuenta estas tres variables, Izquierda Unida señala que, a igualdad de condiciones –esto es, con los mismos servicios, salarios y ratios–, el coste medio por plaza resulta casiidéntico en la enseñanza pública que en la privada-concertada: 4.185 euros frente a 4.184 en el año 2011. Y añaden que, sin equiparar –donde, apuntan, está el “engaño”– las cifras distan mucho entre uno y otro modelo: 4.185 euros de la pública por alumno al año frente a 2.944 en la concertada.

Gasto por alumno comparativamente entre la enseñanza pública y la privada. \ Informe El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada.

Gasto por alumno comparativamente entre la enseñanza pública y la privada. \ Informe El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada.

Esta diferencia se puede explicar, por ejemplo, si observamos los sueldos de los docentes. Según las conclusiones del estudio, el coste medio anual por profesor en la privada concertada es de 5.808 euros menos que en la pública.

El gasto de las Administraciones educativas dedicado a la enseñanza concertada ha pasado de3.207,4 millones de euros en el 2001 a 5.779,1 millones de euros en el 2011, incrementándose en 2.571,7 millones de euros. En esa década hay un crecimiento continuo del gasto total, de hasta 83,7 puntos. Sólo se registra una leve disminución en 2010 y 2011, fruto de las políticas de racionalización presupuestaria.

Gasto medio anual por docente en la enseñanza pública y en la privada concertada, según el informe de Izquierda Unida.

Gasto medio anual por docente en la enseñanza pública y en la privada concertada, según el informe de Izquierda Unida.

Tanto el número de escolares por grupo como el de docentes por aula también repercute en lo que supone para las arcas del Estado cada plaza escolar. El propio Consejo Escolar del Estado señala en este sentido que “el 68% de las diferencias de gasto público por alumno entre comunidades autónomas se explica por sus diferencias en la ratio alumno/profesor”.

De acuerdo con los cálculos que hace Izquierda Unida, la ratio de alumnos por clase es de 21,3 en la pública y de 22,6 en la privada-concertado. El ahorro, por tanto, tiene que ver, según el informe, con “un mayor número de escolares por aula y menos docentes por grupo”. También, apuntan, con un “total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como las zonas rurales o los municipios de menor población, donde el coste medio por alumno es menor”. “Esto pone en evidencia que allá donde no hay negocio no hay educación concertada. Entonces, se queda en manos de la pública, que llega hasta el último rincón”, argumenta Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

El propio informe advierte, sin embargo, de que estos datos hay que tomarlos con todas las cautelas porque en las fuentes oficiales que toma como base el estudio (MECD, INE y Consejo Escolar del Estado), no aparecen desglosados los números referidos a los colegios concertados de los relativos a los privados. De modo que algunos de los datos que aporta el estudio, como las ratios o los salarios docentes, se han inferido a través de estimaciones.

Todas las cifras a las que se refiere el estudio son de 2011, lo que, según la CEAPA, no da una idea del contexto actual, “mucho peor que hace unos años”. “Si este informe se hubiera elaborado dentro de dos años, probablemente la plaza pública habría resultado ser más barata que la concertada porque se está dejando de invertir en lo de todos en favor de una educación que llaman de ‘excelencia’. O al menos esa es la imagen que quieren transmitir, aunque la realidad es bien distinta, y así lo ponen en evidencia los datos”, explica Jesús Salido, presidente de la confederación. Y se pregunta: “¿Y si la conclusión de este estudio apuntara hacia un mayor coste de la concertada, se haría por cambiar el modelo? Tenemos que ver que más que rentabilidad, que es una barbaridad en educación, es ideología”.

Menos adaptaciones curriculares

El abaratamiento teórico del coste por alumno se debe, según el informe, a otros factores que los propios datos del Ministerio de Educación ponen en evidencia. Por ejemplo, el menor número de programas de diversificación curricular que ponen en marcha los centros concertados. Según cifras de la cartera que dirige José Ignacio Wert, en el curso 2010-2011 el porcentaje de alumnado con adaptación de currículo representaba el 13,4% en el último ciclo de secundaria de los centros públicos, frente al 6,1% en los concertados. Los privados se desmarcan todavía más de estos números con solo un 0,3% de estudiantes.

“Uno de los requisitos de estos programas”, apunta el informe, “es su reducido número de escolares por grupo [máximo, 15]”, lo que encarece esta modalidad educativa, no solo por su baja ratio, sino por tratarse de grupos añadidos a los ordinarios. Y algo similar ocurre con los alumnos de necesidades educativas especiales, que representa un 5,8% en los centros públicos y solo un 4,4% en los concertados. La atención de estos escolares requiere, además, la contratación de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Por último, y aunque no se disponen de datos que así lo confirmen, la escolarización de casi un82% del alumnado extranjero en la escuela pública –estudiantes que en muchas ocasiones necesitan apoyo educativo– también impacta, según el estudio, en un mayor gasto medio por escolar. El porcentaje de familias inmigrantes que eligen la opción de la concertada responde, dice el informe, a otro perfil que no requiere habitualmente de estos recursos complementarios.

“Si hay una conclusión que puede extraerse del estudio –indica Isabel Galvín– es que la privatización de servicios no beneficia al ciudadano. No sale a cuenta porque, en realidad, no son baratos. Los costes que se reducen son a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y el aumento de las ratios, lo que repercute en un peor calidad y funcionamiento de los centros escolares y, por tanto, en una peor calidad educativa”.

Juan Rosell: “Hay que acabar con esa batalla entre lo público y lo privado”

28 May

Con estas palabras el presidente de la CEOE se despachaba a gusto con la sanidad y la educación (“públicas“, lógicamente), en el II Foro de Economía de El Mundo de Castilla y León celebrado hoy en Valladolid.

“Hay que evaluar los resultados de las grandes inversiones realizadas por la administración pública en sanidad y educación” (nos decía), no sólo porque “se ha gastado por encima de nuestras posibilidades“, sino porque dichas inversiones “no han dado resultados objetivos“. Como ejemplo de mala gestión sanitaria no se le ha ocurrido otra cosa que señalar el alto coste que supone la atención de “pacientes crónicos” (prueba clara e inequívoca de que la sanidad pública es ineficaz, cara e insostenible).

En relación a la educación, más de lo mismo: “habría que plantearse si  con esa ingente cantidad de dinero que dedicamos, estamos sacando resultados“.

Ante este panorama la solución pasaría, según el presidente, por una “industrialización de la sanidad y de la educación”, en una clara apuesta por la rentabilidad de las mismas y, ya de paso, “acabar con esa batalla entre lo público y lo privado.

Siendo de “letras” como soy, no puedo menos de sorprenderme ante manifestaciones de este tipo (algo de lo que, de paso, me alegro). Me sorprende la frescura con la que se mercantilizan derechos básicos. Me sobrecoge el desparpajo con el que se destierra del debate sobre la sanidad, todo aquello que tenga que ver con la “salud”, creando en su lugar un marco ilusorio y artificial, desde el que las únicas cuestiones relevantes y lícitas son aquellas que versan sobre la rentabilidad, el beneficio económico o los famosos “resultados”

¿A alguien se le escapa que los pacientes crónicos no son rentables? A las empresas dedicadas al negocio de la salud está claro que no; de  otro modo no se entendería la práctica de derivar sistemáticamente a los pacientes graves y/o crónicos a la sanidad pública ¿Será entonces que los ciudadanos aspiramos a convertirnos en “pacientes crónicos”? Si así fuera, sería lícito plantearse (como en su día hizo la viceconsejera de Asistencia Sanitaria madrileña, Patricia Flores) “si tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema” Entonces, ¿qué hacemos con los enfermos no-rentables? (esta pregunta va dirigida al Señor Gallardón).

¿Desde cuándo la educación y la salud deben ser accesibles a los ciudadanos en función del resultado? ¿Qué “resultados” deben ser considerados realmente como tales y cómo  han de ser “evaluados” (qué criterios han de tenerse en cuenta)? ¿Desde cuándo la sanidad es un negocio (lo siento: esta pregunta es muy fácil de responder) y por qué ha de serlo?

Dejemos tanta pregunta a un lado y vayamos a las soluciones. El presidente de la CEOE lo tiene claro: hay que “industrializar la sanidad y la educación y acabar con la batalla entre lo público y lo privado“. Personalmente, creo que el sentido de estas afirmaciones queda mucho más claro si invertimos el orden de las mismas, con lo que la cosa quedaría más o menos así: hay que “acabar con la batalla entre lo público y lo privado, industrializando la sanidad y la educación“.

Para que no haya “conflicto” alguno entre lo público y lo privado, para que los servicios públicos no compitan deslealmente con la gran empresa, eliminemos toda asimetría existente actualmente entre ambos. Hagamos de los servicios públicos “empresas” eficientes, solventes y rentables. Para ello, dejemos la salud y la igualdad de oportunidades (educación) en manos de ávidos emprendedores, comprometidos en la obtención de “resultados”. Convirtamos lo que es de todos en empresas (privadas). Que sean éstas las que decidan qué criterios deben regular el acceso de los ciudadanos (clientes) a los derechos básicos, así como la amplitud de los mismos. Desterremos, de paso, el término “público” y busquemos fórmulas  innovadoras para superar la dualidad. No hablemos de “privatización”, sino de “titularidad”, “gestión”, “co-gestión”, “indi-gestión”, “externalización”…, dejando bien claro que buscamos el ahorro, la eficiencia, la calidad de los servicios, la excelencia…

Junto a esta noticia, la Cadena Ser nos adelantaba hoy un proyecto del Ministerio de Fomento por valor de 3.000 millones, de cara a nacionalizar las autopistas ruinosas de nuestro país. Grandes empresas que, incapaces de encontrar rentabilidad, eficiencia y “resultados” en su gestión, se ponen bajo el amparo de lo público, con el fin de ser rescatadas por el Estado.

No sé si es también a esto a lo que se refiere el señor Rosell, cuando propugna con vehemencia “acabar con la dualidad público-privado“. Es posible que la superación de la asimetría pase (una vez más) por privatizar los beneficios y hacer públicas las pérdidas.

Para unos, una de tantas contradicciones y cuentos neoliberales. Para otros, un ejercicio de imaginación y creatividad empresarial (y de responsabilidad política).

Consulta por la Sanidad Pública

4 May

Del 5 al 10 de mayo… PARTICIPA.

Maestros suspendidos por Figar.

21 Abr

Escarnio de los docentes por parte de la Consejería

El informe “fantasma” de Figar

Los medios reprodujeron datos sobre respuestas de docentes en exámenes procedentes de un informe que no se ha hecho público.

Tomado de “diagonalperiodico.net” (17/4/2013).

El supuesto informe elaborado por la Consejería de Educación (supuesto porque nadie, salvo la propia administración madrileña, ha tenido acceso a él) no es sino un paso más en la campaña de desprestigio docente puesta en marcha desde hace años por la Comunidad de Madrid.

Los ideólogos neoliberales buscan la privatización de los servicios públicos a través de una serie de estrategias como son degradarlos y encarecerlos, o bien mediante la promoción de campañas de comunicación para extender la idea de que la gestión privada es más rentable y eficiente que la pública. En la educación, además, al igual que sucede con la sanidad, se afanan en defender los intereses de los centros privados, degradando los públicos a la vez que se procuran subvenciones y privilegios públicos para los centros privados. Es el caso de las desgravaciones en la enseñanza privada que introdujo la siempre pionera en privatizaciones Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, o el fraude de ley del cobro de cuotas en las escuelas concertadas que no nos cansaremos de denunciar.

La campaña de difamación y desprestigio de los docentes es en este caso claramente intencionada y posee una doble función: allanar el camino al cambio de sistema de acceso a la docencia que las comunidades están intentando implantar en la actualidad –que expulsará a gran parte del profesorado interino que desde hace años trabaja en ellas–; y con ello, facilitar la entrada en vigor de uno de los mayores disparates de la LOMCE: la selección del docente a dedo por el partido de turno.

Maestros suspendidos por Figar

En el caso concreto del informe fantasma de Educación de la Comunidad de Madrid, se recurre a todo tipo de manipulación estadística para que la realidad se ajuste a lo deseado: se seleccionan respuestas erróneas llamativas, que proporcionalmente sobre el total son anecdóticas, y se hacen pasar por la norma general; no se publican el informe ni las puntuaciones, ni tampoco el baremo de corrección (es una oposición, no un examen de facultad, obviamente se puntúa mucho más bajo y se exige mucho más para aprobar, en función del número de plazas).

En el caso de la escuela pública, el afán por desprestigiar a los docentes posee además el interés añadido para la administración de poder controlar ideológicamente al profesorado. El acceso a la función docente mediante una oposición objetiva de méritos en igualdad de oportunidades se contrapone al sistema de elección del profesorado que propone la LOMCE: esto es, que el director de cada centro, elegido por la administración, seleccione a dedo a los docentes más afines a su ideología, lo que significa que en las aulas darán clases, no los mejor capacitados, sino los que comulguen con el ideario instalado en el poder.

Es en este marco en el que debemos contemplar el radical cambio que pretenden introducir en la selección del profesorado. Al dañar la imagen del profesorado se transmite la idea de que el actual no sirve y, por tanto, tampoco vale el sistema de selección. No hay duda de que el cambio propuesto en el acceso a la función pública del profesorado se hará extensible al resto de empleados públicos.

Las listas de profesores funcionarios interinos son un obstáculo como lo es la misma competencia en igualdad de oportunidades. Al eliminar las listas de interinos con la nueva baremación, los gobiernos de las comunidades autónomas abren la puerta a la elección a dedo de los profesores, a la entrada de ETT en el negociete de lo público, al profesorado voluntario no remunerado (como ya se le ha ocurrido implantar a Cospedal en Castilla-La Mancha), etc.

Con el actual sistema de acceso (sin duda mejorable), los profesores que aprueban la fase de exámenes pero no consiguen plaza –por escasez de las mismas, falta de méritos, etc.– se convierten en profesores interinos. Pasan a una bolsa de trabajo con la que se cubrirán a lo largo del curso todas las vacantes que no se han sacado como plazas y las sustituciones de personal que surjan a lo largo del curso. Esta bolsa de trabajo se ordenaba hasta ahora con un sistema mixto que valoraba tanto la nota en el examen como la experiencia docente, méritos académicos, etc. Este sistema mixto procura estabilidad a profesorado y alumnado, pues evita la rotación del personal; tiene sentido puesto que son miles los puestos docentes que surgen a lo largo del curso. Sin la formación de una bolsa, ¿cómo se cubrirían?

El nuevo sistema de acceso que quieren implantar es mucho más estricto y sólo prima la nota de examen, minusvalorando la experiencia en una profesión como la docencia. ¿Con qué fin? ¿Para elegir mejores profesores para nuestros hijos? No exactamente. El nuevo sistema dejará las listas de interinos muy reducidas, prácticamente aprobará sólo quien vaya a conseguir plaza. ¿Y el resto? Unos pocos pasarán a las listas de interinos, que se acabarán pronto, a comienzos de curso. He aquí la cuestión importante: cuando las listas de interinos se agoten la administración podrá contratar a dedo y a través de empresas y ETT amigas. El nuevo sistema no busca sustituir a los profesores actuales por unos mejores sino por otros elegidos en función de criterios subjetivos, es decir, a dedo.

Así se hicieron eco de la noticia algunos medios de comunicación.